Hace un año veíamos con cierto temor dos nubes en el horizonte que parecían querer ensombrecer nuestro futuro: la crisis financiera europea que amenazaba sumir al mundo en una recesión económica mayor y la incertidumbre sobre el rumbo que emprendería el electo presidente Ollanta Humala, especialmente en temas de naturaleza económica.
La crisis europea no estalló de manera abierta pero, lejos de solucionarse, se ha extendido a una crisis política. Esta, por primera vez amenaza la existencia misma del euro y exhibe con regularidad su presencia, que se manifiesta en forma de las crecientes dificultades que tienen algunos países miembros para cumplir con sus metas de déficit acordadas y en el endurecimiento de los mercados financieros que ponen en evidencia que los desequilibrios fiscales persisten y se amplían a los países más grandes.
Esta semana le ha tocado a España ser el foco de la atención mundial. El gobierno del presidente Mariano Rajoy ha tenido que hacer frente a una seria crisis bancaria y al aumento crítico de la tasa de interés a la que el tesoro español puede obtener financiamiento del mercado.
La crisis tiene dos instancias, una general, al haberse puesto de manifiesto la seria debilidad de su sistema bancario y la urgente necesidad de su recapitalización, que se estima requerirá una inyección de 60 mil millones de euros; y otra directa y urgente, marcada por el Grupo Bankia, que debió ser nacionalizado para evitar su declaración de insolvencia. La situación se agrava porque se ha puesto de manifiesto la incapacidad del gobierno para atender con sus propios medios los requerimientos de capitalización, y lo presiona a dar el paso al que hasta ahora se ha negado: tener que recurrir a los mecanismos de la unión monetaria y negociar un programa de ajuste, como antes lo hicieron Grecia, Portugal e Irlanda. Esto se hace aún más crítico por la evolución que ha tenido la tasa de interés por la cual España accede al crédito, que ha alcanzado 6.7% anual (para el bono a 10 años) y la ubica peligrosamente cerca de 7%. Cuando Grecia, Portugal e Irlanda llegaron a esta tasa, debieron acudir en momentos críticos a los mecanismos colectivos de la Unión.
La situación española se complica aún más porque se está produciendo una fuga de capitales sin precedentes recientes, ya que en los últimos nueve meses han salido 200 mil millones de euros, de los cuales solo en marzo salieron 66.2 mil millones de euros. Además, el gobierno ha recortado en un mes el mandato de Miguel Fernández Ordoñez, Presidente del Banco Central de España, a quien acusa como causante de la crisis de Bankia.
El agravamiento de la situación de España, en un momento extremo como el que atraviesa, por primera vez coloca a las autoridades de la Unión Europea (UE) en la necesidad de enfrentar un problema de crisis en un país económicamente grande (el cuarto más grande de la Zona Euro). Los casos anteriores (Grecia, Portugal e Irlanda), por su tamaño relativo, pudieron ser atendidos por los mecanismos colectivos que se diseñaron, especialmente el Fondo de Estabilización Económica. Sin embargo, estos mecanismos son claramente insuficientes en su dimensión actual para atender países del tamaño de España. Peor aún, por la falta de unidad que existe entre los países miembros de la UE, que hasta ahora no han logrado un consenso con respecto a los instrumentos que pueden utilizar para atender casos mayores.
En el caso de España, lo único que han decidido hasta el momento es postergar hasta 2014 el cumplimiento de la meta de déficit fiscal de 3.0% del Producto Bruto Interno (PBI), que estaba obligada a alcanzar como miembro de la unión monetaria. Esto puede evitar un incumplimiento formal de la meta, pero no altera la situación real. En consecuencia, creemos que es muy probable que, como sucedió entre diciembre y febrero, el Banco Central Europeo (BCE) intervenga proporcionando a España la liquidez que requiere. Esta acción proporcionaría alivio temporal, pero no dará solución a problemas que requieran disciplina fiscal y persistencia en la aplicación de medidas que son cada vez más impopulares.
En lo que respecta al panorama interno, el presidente Ollanta Humala despejó rápidamente las dudas sobre la dirección que iba a tomar su gestión cuando adoptó la “Hoja de Ruta” como plan de gobierno y, luego, se desprendió de sus aliados políticos pertenecientes a la agrupación “Ciudadanos por el Cambio”. Fueron estos últimos los que formularon el Plan de Gobierno ofrecido durante la campaña hasta la primera vuelta, “La Gran Transformación”, y encabezados por el ex Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ocuparon los principales cargos del Ejecutivo.
Sin embargo, rápidamente ha emergido otro riesgo que hoy posee ya carácter dominante y tiene que ver con la capacidad del gobierno para hacer frente a la ola de conflictos políticos que se están produciendo en todo el país. Primero, tuvimos la acción antiminera en Cajamarca por el caso Conga; luego el caso del enfrentamiento de las fuerzas del orden con huestes del narcotráfico, encabezadas por el camarada Gabriel en la selva del Cusco; y, ahora, otra acción antiminera en contra de Xstrata y su unidad minera Tintaya y el proyecto Antapaccay.
Todos estos casos se encuentran sin resolver y permiten establecer un claro patrón. En principio, el gobierno atendió estos problemas a posteriori, cuando los actos de fuerza y la violencia ya habían alterado toda actividad normal, lo que demuestra que no existe al interior del gobierno un equipo eficaz dirigido a prever estos conflictos. La situación entonces se hace mucho más grave si se tiene en cuenta que en muchos casos se podrían haber previsto con claridad las acciones por venir. Por ejemplo, el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, que encabeza el movimiento para cerrar Tintaya, es un directo colaborador de Marco Arana, cabeza principal del exitoso movimiento antiminero que ya paralizó varios grandes proyectos. Sin embargo, hay que reconocer que a diferencia del gobierno anterior, el actual da la cara a los problemas, aunque eso no oculte que no lo esté haciendo bien.
También se ha hecho evidente la inadecuación extrema de las fuerzas del orden para atender estos casos. Claramente, la policía está mal pagada, mal equipada y se desplaza a los lugares de conflicto en condiciones precarias. Sus miembros no están adecuadamente entrenados y no cuentan con incentivos que los motiven para acciones de alto riesgo. Además, cuenta con poco apoyo de la prensa, parte de la cual le es abiertamente hostil.
Debe entenderse que en estos momentos, la capacidad del gobierno para hacer que se cumpla la ley y se respete el orden público es la mayor debilidad del Estado y un riesgo que puede terminar desestabilizando el país, sacándolo de la senda de progreso que ha venido siguiendo hasta ahora y desde hace un buen tiempo. En consecuencia, no debería haber limitaciones de carácter presupuestal para proveer a las fuerzas del orden de la remuneración, equipo, incentivos y otros factores que se requieran para su actuación eficaz, especialmente cuando el tesoro público viene presentando en los últimos años, de manera consistente, un superávit fiscal. Al respecto, durante el primer trimestre, este último alcanzó 7.1% del PBI, cifra que, incluso ajustada por la estacionalidad, da un resultado exageradamente alto.
La debilidad del Estado para responder a las protestas sociales ha determinado que el patrón que siguen los que encabezan estas revueltas sea en extremo peligroso para el funcionamiento de la democracia. Esto sucede porque incluye el uso de la desinformación y la mentira; la destrucción de la propiedad privada y pública; el secuestro de funcionarios públicos, privados y autoridades; y el ataque sistemático e impune, como el asesinato a policías y miembros de las fuerzas armadas.
En este contexto, el comportamiento de los partidos políticos resulta más bien paradójico, ya que los de la oposición guardan un silencio que respalda al gobierno, mientras que recibe críticas y ataques que provienen de su propia alianza. Teniendo en cuenta lo anterior, pareciera que ha llegado el momento para que el presidente Humala convoque a los principales dirigentes políticos, ante los cuales reconozca la difícil situación en la que nos encontramos y promueva un diálogo que pueda llevar a una eventual colaboración. La gravedad de estos hechos y su perspectiva así lo ameritan.
Una nota final de carácter humano
Debe ser muy difícil para el presidente Humala actuar con tranquilidad cuando su entorno familiar (aparte de su esposa, Nadine Heredia, que lo apoya incondicionalmente) lejos de contribuir al éxito de su gestión, lo agrede sistemáticamente. El presidente Humala es increpado públicamente por su madre por supuestos maltratos que recibe su hermano, el reo Antauro Humala, quien además, es su opositor político; su hermana Ima Sumac lo está acusando ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por supuestas violaciones contra Antauro; y su padre apoya públicamente las acciones del movimiento en contra de Conga, y declara que el gobierno de su hijo va a fracasar por seguir la “Hoja de Ruta”.
Noticias de la semana
Reforma del Sistema de Pensiones
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un Proyecto de Ley que reforma el Sistema Privado de Pensiones. Los objetivos principales de esta reforma son bajar las comisiones que cobran las empresas y ampliar la cobertura del sistema. Las principales propuestas contempladas en el proyecto comprenden: i) volver obligatoria de manera gradual la afiliación de los trabajadores independientes al sistema privado o al público, ii) reactivar el programa de pensiones sociales a fin de captar a trabajadores de la microempresa, iii) cambiar el esquema de cobro de comisiones sobre remuneraciones brutas a cobro de comisiones sobre el saldo acumulado del pensionista, y iv) crear un sistema de licitaciones para las comisiones que se cobren a los nuevos afiliados. Las metas esperadas de la propuesta, que será debatida en el Congreso, comprenden elevar la cobertura del sistema de 36% de la población con capacidad de ahorro hasta 50%, y bajar los cobros de comisiones entre 30% y 40%. En las siguientes semanas haremos un estudio de la propuesta y sus implicancias.
Sube el dólar
El tipo de cambio continúa su tendencia alcista, en línea con lo observado en el resto de monedas de la región. El 31 de mayo se cotizó a S/. 2,7108 por dólar, sus niveles máximos anuales, debido a la probable salida de Grecia del euro y a la profundización de los problemas de la banca española. Para disminuir la volatilidad, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) salió a vender casi US$ 674 millones entre martes y miércoles.
Extinción del Pronaa
Mediante el Decreto Supremo 007-2012-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) decidió comenzar el proceso de liquidación definitiva del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). El Pronaa era uno de los programas de asistencia alimentaria más antiguos del país, con casi dos décadas de existencia. Estaba orientado a atender las necesidades nutricionales de los niños menores de 12 años y canalizaba sus servicios mediante colegios nacionales y centros, bajo la administración del Ministerio de Salud. El Ejecutivo consideró que se habían perdido de vista los objetivos originales del programa, se habían generado ineficiencias importantes en su aplicación –filtraciones-, y que el marco regulatorio del programa no le permitía articularse adecuadamente con los distintos ámbitos y circunstancias en las que debía operar. El Midis programó que todo el proceso de eliminación de funciones debe culminar hacia el 31 de diciembre del presente año. En su reemplazo comenzará a operar el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”.
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Minería en el Perú: realidad y perspectivas.
Presentación de la segunda edición del libro "Narcotráfico: Amenaza al crecimiento sostenible del Perú"