Macroconsult

Comentario editorial

¿De vuelta al Capitalismo de Estado?

La información pública sobre la intención del gobierno de comprar la Refinería La Pampilla S.A. (Relapasa), ya confirmada por el Ministro de Economía, ha provocado una fuerte reacción en contra, que cubre un espacio bastante amplio del espectro político. En nuestra opinión, esta reacción es legítima, porque la intención del gobierno abre serios debates constitucionales con respecto al rol subsidiario del Estado, y enfrenta al país nuevamente con riesgos que, en un pasado no muy lejano, causaron severos daños al funcionamiento de la economía y al bienestar de la población. En consecuencia, creemos que es necesario analizar los aspectos y consecuencias principales de esta operación.

Relapasa es una empresa listada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), cuyos accionistas principales son Repsol con 51% del accionariado y AFPs con 6%, el resto son accionistas minoritarios. Como resultado de una decisión de su casa matriz, Repsol está vendiendo su participación en Relapasa y otros activos.

Los activos de Repsol comprenden:

• La refinería La Pampilla, ubicada en Lima, y que es la más importante en términos de capacidad de procesamiento, con 110 MBPD y con capacidad de almacenamiento de 6.7 millones de barriles.

• 333 estaciones de servicio, de las cuales 82 son gestionadas directamente (de propiedad y operadas por la compañía), 34 han sido cedidas en gestión a terceros (de propiedad de la compañía y operada por concesionarios) y 217 corresponden a abanderadas (de propiedad y operadas por concesionarios).

Además, Repsol también habría puesto a la venta su participación en el mercado de GLP, que opera bajo la marca Solgas, donde su participación alcanza más de 25%.

Para tener una idea comparativa, Petroperú tiene cuatro plantas de procesamiento en todo el país, con una capacidad de procesamiento total de 93 MBPD, siendo la principal la Refinería de Talara, con una capacidad de 65 MBDP y una capacidad de almacenamiento de 4.8 millones de barriles. Petroperú tiene también 523 estaciones de servicio, todas las cuales corresponden a abanderadas.

La estructura de mercado aparece relativamente equilibrada, pues la distribución pública/privada en capacidad de refinación de petróleo (sin incluir las plantas de fraccionamiento de gas natural) es 55/44, a favor de la empresa privada. En términos de producción la relación se altera a 53/46 a favor de Petroperú, pues Relapasa opera por debajo de su capacidad. La ubicación de Relapasa en Lima, su red de grifos y gran capacidad de almacenamiento, le dan potencial estratégico como comercializador, siendo de menor interés para el sector privado la refinería debido a la necesidad de hacer inversiones significativas para estar en condiciones de cumplir con los requisitos de desulfurización en la producción de combustibles, que hoy cumple con importaciones.

Se asume que de continuar el gobierno en su intención de comprar las acciones de Repsol, debería entrar en un proceso de competencia con otros postores, aun cuando como parte del proceso de privatización el Estado es titular de una acción clase C (acción dorada), con algunos poderes especiales a favor del mismo. Incluso sin la presencia de esa acción dorada, es probable que la sola participación del Estado en el proceso desaliente a otros operadores privados a competir con él.

La poca comunicación del gobierno con respecto a las razones detrás de la decisión de adquirir Relapasa nos lleva a buscar estas intenciones en otras fuentes. Hay que señalar que ampliar la participación de Petroperú en más refinerías y grifos es un objetivo que incluso es más intervencionista de lo que ya se contemplaba en “La Gran Transformación”, el plan de gobierno original del candidato Ollanta Humala durante la primera vuelta. Este buscaba hacer de Petroperú una empresa estatal integrada, en especial hacia explotación petrolera. “La Hoja de Ruta”, que fue el programa que le sirvió para la segunda vuelta, no contempla para nada este tema. En consecuencia, se puede señalar que el gobierno podría sostener, con un cierto grado de legitimidad, que está cumpliendo y yendo aun más allá del Plan de Gobierno que originalmente ofreció a la ciudadanía. Hay que señalar, además, que es un tema que debe contar con el apoyo personal del Presidente Humala, dada su formación militar y su condición de ex alumno del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Lo expuesto en la inauguración del Foro Económico Mundial, donde plantea una mayor participación estatal a fin de alcanzar una economía con “actitud más equilibrada”, apoya esta conclusión, incluso cuando las estadísticas muestran que el mercado de refinación, producción y comercialización de hidrocarburos derivados del petróleo está ya prácticamente equilibrado entre el sector privado y público.

De concretarse la adquisición por el Estado de los activos de Repsol, se producirían cambios significativos en el funcionamiento de los mercados de la refinación y distribución de derivados del petróleo que tendrían consecuencias políticas y económicas importantes.

Por un lado, la Constitución define con claridad el rol empresarial del Estado como subsidiario. Esto se interpreta como que puede participar en actividades productivas en donde no hay presencia del sector privado y que donde la haya está vedada su participación, ya que no debe competir con el sector privado. Como luego de aprobar la Constitución existían algunas empresas públicas que no habían sido privatizadas, entre ellas Petroperú, se aceptó que continuaran como tales al amparo de una ley específica. En consecuencia, Petroperú ha venido funcionando en el marco de su ley, compitiendo con las empresas privadas que existen en el sector. La adquisición de los activos de La Pampilla alteraría esta situación en dos puntos principales, en primer lugar, Petroperú se convertiría en virtual monopolista de la refinación del petróleo (en absoluta contravención con el principio de subsidiariedad) y, en segundo lugar, ampliaría su participación a un mercado en donde hoy no tiene participación propia, esto es la distribución del petróleo mediante grifos operados directamente. Si bien existe una cadena de grifos afiliados a Petroperú, la empresa estatal no tiene en estos momentos grifos propios, situación que cambiaría con la adquisición de unidades de Repsol, que más allá de la venta de combustibles, siguen el modelo operativo de “tiendas de conveniencia” con un amplio portafolio de productos muy distintos a los combustibles, aprovechando la generación de tráfico que la venta de combustibles genera. Esta situación ampliaría todavía más el rol del Estado, no solo en lo que se refiere a los combustibles, sino a un sector donde antes no tenía participación y donde va a competir directamente con el sector privado.

Por otro lado, al convertirse en el monopolio de la refinación de petróleo y en un participante importante en la distribución de los combustibles, los precios bajo su injerencia dejarían de estar guiados por consideraciones de mercado, y se convertiría en un precio a decidir políticamente. Esta experiencia la hemos vivido en los setenta y ochenta, durante las décadas perdidas, cuando los déficit de Petroperú superaron los del Gobierno Central, lo que llevó a que durante el primer gobierno del Presidente Alan García, un galón de gasolina fuera más barato que una caja de fósforos. No olvidemos que cuando se liberó el precio de la gasolina de la decisión política se requirió un ajuste de 32 veces el precio embalsado para ponerlo al nivel de sus costos de producción. Esto es aún más preocupante cuando altos dirigentes del partido de gobierno indican que la decisión de compra podría ser un mecanismo para regular los precios de los combustibles.

La decisión de compra de Relapasa debe tomarse además en un contexto más amplio, que incluya el destino final de la inversión estatal en Talara. El resultado es incierto, ya que no se conocen exactamente los planes del gobierno. Esto es, cerrar Talara, cerrar La Pampilla, importar directamente, ampliar y modernizar las dos. Es en función de estos resultados que se podrá tener una idea más completa de lo que realmente está en juego. Dado que Relapasa es una empresa listada en Bolsa, un cambio significativo en su control generaría la exigencia de hacer una oferta pública dirigida a los accionistas minoritarios, lo cual demandaría recursos adicionales para el potencial comprador. Al gobierno le correspondería evaluar si la cuantiosa inversión que se planea llevar a cabo en Petroperú no tendría alternativas económicas y sociales superiores en otros sectores o actividades.